La UCI utilizará fondos del proyecto de seguridad SafeR para librar una batalla legal contra SRAM, creando un escenario extraordinario en el que algunos equipos financiarán efectivamente litigios contra su propio patrocinador.

La disputa se refiere a los planes de la UCI de limitar el tamaño de las marchas utilizadas en las carreras. Creyendo que tal medida podría mejorar la seguridad de los ciclistas, el organismo rector del deporte se dispuso a probar un estándar de relación de transmisión máxima en 2025, pero SRAM inició acciones legales y obtuvo una victoria gracias a un caso antimonopolio presentado ante la Autoridad de Competencia belga.

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